
Según
el abogado ambientalista Darío Ávila la ley busca solucionar las dificultades
que tiene Monsanto para instalarse en la ciudad de Malvinas Argentinas a causa
de que no cumple con la Ley de Ordenamiento de Usos del Suelo vigente, la cual
determina que el lugar donde Monsanto inició la construcción de su Plata de
Producción de Semillas Transgénicas es ilegal ya que es un área destinada a la
agricultura sin contaminantes, no a las actividades industriales.
Coincide
con Señor Ávila la Legisladora Cintia Frencia, del Frente de
Izquierda de Trabajadores -FIT-, quien fue la única en votar en contra de la
ley. Para ella “la ley que es un retroceso
legislativo y no tiene un sólo aspecto positivo porque prevé el desarrollo un
nuevo ordenamiento territorial que tiene como objetivo modificar la Ley de
Suelos para que precisamente allí donde Monsanto no se puede instalar... se
instale”.
Es
pertinente recordad que los habitantes de Malvinas Argentinas llevan 2 años
resistiendo la instalación de Monsanto y han recibido el apoyo y la legitimación de su
reclamo por parte de la Sala Segunda de la Cámara en lo Laboral que
declaró en enero del 2014 como arbitraria e inconstitucional la resolución
provincial que autorizaba la construcción de la Planta sin la previa aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental. Estudio que fue rechazado por la Secretaría
de Ambiente el 28 de Febrero de este año. A todas luces la instalación de
Monsanto en Malvinas es ilegal sin embargo el ejecutivo no cesa en la búsqueda
de herramientas como “Ley de Convivencia Ambiental” para legalizar y legitimar
la instalación de la empresa líder mundial en producción de semillas
transgénicas.
Para
la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida “esta nueva Ley tiene una falla de
origen, un error fundamental que la hace abstracta, porque no toma en cuenta
las condiciones actuales de devastación del medioambiente sobre el cual
pretende legislar”, según los asambleístas la ley es un “intento
desesperado por contener y encauzar un torrente de luchas socio
ambientales que viene golpeando” al gobierno de De la Sota. “La violenta
represión policial desatada contra los manifestantes, la cacería humana
posterior (y el intento por parte de la Unión Cívica Radical –UCR- de sancionar
a la única legisladora que votó contra la Ley, Cintia Frencia del FIT),
muestran a las claras el carácter represivo y antidemocrático del gobierno que
aseguró la votación de la Ley.”
Mientras
que al interior de la legislatura todos los presentes, salvo una abstención del
Frente para la Victoria –FPV- y el voto en contra del FIT, votaron a
favor de la ley que desconoce la emergencia ambiental que vive la provincia. Afuera
del recinto centenares de personas fueron golpeadas y amedrentadas por reclamar por la
salud y el ambiente, en contra de Monsanto, de los Mega Emprendimientos Inmobiliarios
en zonas de emergencias hídricas, de la expansión de la frontera agrícola a
costa de la tala indiscriminada de bosques nativos, de la desertificación de
los suelos, así como de la contaminación y las enfermedades que generan las
fumigaciones aéreas que caracterizan a los monocultivos transgénicos.
Por
su parte la Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos
Fumigados declaró que la ley “olvida que la población de la provincia se
encuentra asolada por patologías de base ambiental entre las que se destacan la
neumopatías crónicas obstructivas, los hipotiroidismos y diabetes precoces, los
trastornos inmunitarios y síndromes de sensibilización múltiple, los trastornos
generales del desarrollo – autismo y, las que muestran su carácter más
dolorosos: los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y los
canceres y tumores.”
La
Legisladora Cintia Frencia del FIT, quien al parecer fue la única que escuchó con
atención las multitudinarias marchas que antecedieron la sanción de la ley,
expuso ante sus colegas que si realmente “la legislatura
tuviera el compromiso de resolver la cuestión ambiental de manera democrática
el articulo uno tendría que decir que se declara la emergencia ambiental, como
vienen reclamando los sectores populares y las asambleas ambientales desde hace
un año y medio, y el articulo dos debería decir que se prohíbe la instalación
de Monsanto por violar las leyes, por contaminante y porque significa un peligro
para la salud cordobesa.” Sin embargo nada de eso está en esta ley que se
sancionó supuestamente para garantizar la preservación del medio ambiente, de
la salud de la población y de la convivencia ciudadana. Una ley que desconoce
los reclamos populares y que fue aprobada mientras se violentaba el derecho que
los cordobeses tienen a la legítima protesta.
Vídeo de la Represión:
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Fotos: Fotografía de Prensa