Argentina es el tercer país del mundo con mayor
área de siembra de cultivos transgénicos, en el 2012 fueron 23,9 millones de
hectárea y la cifra ha seguido en ascenso durante el 2013. Y aunque el gobierno
nacional es un indudable promotor del nocivo modelo agroindustrial transgénico,
el marco legislativo que regula la comercialización y los derechos de
propiedad de las semillas fue motivo disputas entre el ejecutivo y la
multinacional desde el año 2003. Sin embargo las diferencias entre el Poder
Ejecutivo y la Multinacional cesaron cuando el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación , Norberto Yauhar, anunció
en el año 2012 que el Gobierno
Nacional estaba trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos
de propiedad intelectual en la biotecnología agrícola.
Por supuesto diversas esferas de la sociedad no
tardaron mucho en manifestarse en contra de la iniciativa que privatiza el uso
propio de las semillas. Desde diferentes frentes organismos nacionales, como el
Grupo de Reflexión Rural, el Movimiento
Nacional Campesino Indígena, FUNAM, Millones contra Monsanto, Un Surco por Familia, Madres de Barrio
Ituzaingó Anexo, Malvinas Lucha por la Vida, e internacionales, como GRAIN,
CLOC - Vía Campesina Argentina, Amigos
de la Tierra y Acción por la Biodiversidad, alzaron su voz de protesta y alertaron sobre los riesgos que
implicaría la reforma, tanto para la soberanía alimentaria como para la
biodiversidad nativa argentina.
Y aunque el anuncio se hizo el año pasado, el gobierno estaba esperando
la finalización de la temporada electoral para presentar el anteproyecto al
congreso. Así que ahora es el momento de informarnos y movilizarnos para evitar
la colonización de nuestras semillas y defender
nuestro patrimonio genético.
Para conocer más sobre el tema dialogamos con Jimena Romero del
Colectivo Millones contra Monsanto.
¿De qué se ocupa la Ley
hoy?
La ley es de 1973, fue firmada por el Presidente de Facto, Lanusse, y reglamentada
en el 91 por Carlos Menem, así que nada bueno puede venir de allí. Desde hace
ya 40 años la semilla dejaba de ser un “bien natural” y pasaba a ser un “bien
comercial” con todo lo que eso implicaba.
La ley es deficitaria y deja desamparada a nuestras semillas
criollas y nativas. Pero es un mal con el que hemos lidiado por 40 años y en
mayor o menor medida lxs campesinxs han sabido acomodarse para sortear las
ausencias de legislación y falencias que beneficiaban sólo a las grandes
empresas.
¿Qué propone el Gobierno desde 2012 y qué lo motiva?
Argentina fue punta de lanza en la Región respecto de la liberación y
comercialización de semillas en 1996. Hasta casi 10 años más tarde a Monsanto no
le molestó no cobrar por el uso de sus semillas… Según Carlos Vicente porque le
convenía a Monsanto la entrada ilegal de semillas genéticamente modificadas en
Brasil y Paraguay. A partir de 2012 el Gobierno negoció con Monsanto que ellos
harían la inversión de 1.600 millones de
dólares (por las 3 nuevas plantas de Malvinas, Río Cuarto y Tucumán, donde las
dos últimas son de experimentación) y a cambio se modificaría la Ley de semillas para
reconocerle su patente.
Este acuerdo no puede verse fuera de contexto, Monsanto (y el resto de
las competidoras del sector como DuPont, Syngenta, Bayer, etc) ha presionado
para que toda la región adapte su legislación, lo vemos en Colombia con el paro
nacional agrario y Chile en donde se frenó el tratamiento con la lucha pero
ahora volvió al senado.
¿Qué pasa si se privatiza el uso de las semillas?
Las semillas ancestralmente es la fuente de la vida misma, el hombre y la
mujer necesitan alimentarse y la semilla ha sido y es el eje central de la
alimentación, por eso es tan importante que nadie absolutamente tenga el
control monopólico de la semilla, porque ese sería el fin de la libertad para
la humanidad.
Desde hace miles de años lxs campesinxs han guardado las mejores semillas
de sus cosechas para volver a sembrar y así con el tiempo ir teniendo cada vez
mejores semillas y mejores cosechas. Las nuevas regulaciones hacen que lxs
campesinxs no puedan realizar este simple y natural acto. Serían ilegales las
ferias de intercambio de semillas, etc. Además la nueva ley le otorgaría un
poder de policía a las “dueñas” de las patentes para que ingresen a los campos
en cualquier momento y confisquen unas
cuantas semillas para someterlas a estudios y saber si contienen genes
registrados. De ser así el/la campesinx sería enjuiciado por piratería.
Hay que tener en cuenta que en estos procesos no siempre se puede tener
el 100% de control sobre estas cuestiones, hay lo que se llama contaminación
genética que puede producirla un pájaro que come una semilla patentada y la
siempre con sus eses en otro campo, lo propio puede hacerlo el viento y otros
factores. Esto evidencia lo endeble que es esta legislación que se propone, que
desamparado deja al pequeño y mediano productor y que increíble beneficio es
para las Empresas que monopolizan el mercado de semillas.
De avanzar esta ley, lxs campesinxs pequeños y medianos productores
quedarían a merced de las transnacionales del agro y por ende de sus paquetes
tecnológicos que hemos comprobado que lo único que siembran es muerte y
destrucción.
¿Qué sucedería con la biodiversidad y soberanía alimentaria?
La biodiversidad está en jaque porque este modelo de agronegocios no es
compatible con el desarrollo de la vida en el planeta ni del planeta. En lo
inmediato vamos a perder variedades de semillas y especies. Esto es algo que ya
ocurre y que es lo que se denuncia en países como México con sus decenas de
variedades de maíz, pero que corren serios riesgos al no ser comercialmente
“apetecibles” para estas empresas.
De la soberanía alimentaria ya no queda mucho, pero es claro que esta
sería la estocada final.
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